Para hacerle honor al nombre de Docta que se le ha atribuido a Córdoba por su gran ciudad universitaria y excelentes profesionales, hoy en día tenemos que ir un paso más allá de lo estrictamente académico. Desde la reforma constitucional de 1994, el derecho a un medio ambiente sano es uno de los derechos humanos de tercera y cuarta generación con los que contamos para nuestra convivencia armónica en sociedad. Si bien hay muchos y plurales esfuerzos por ejercer y proteger este derecho en la ciudad, me parece que nos vendría bien escuchar más seguido el término Gobernanza Ambiental, concepto nos ayudaría como ciudadanos a unificar los esfuerzos para tirar del trineo de la Docta hacia la sustentabilidad.
En nuestra Córdoba querida, la gestión de Residuos Sólidos Urbanos -de ahora en adelante RSU- dista de tener un planeamiento de gobernanza ambiental adecuado a la altura de las circunstancias. Desde el año 2010 el predio Piedra Blanca en camino a la Cárcel de Bower recibe alrededor de 60.000 toneladas de basura (de las cuales 32.000 son RSU) y aproximadamente 14.000 provienen de las ocasionales limpiezas municipales a los basurales a cielo abierto. Es impactante que todavía sigamos generando este volumen de residuos, siendo que hace más de 30 años que a nivel global se habla de la importancia de reducir nuestra generación de basura. ¿Es que somos demasiado ricos en naturaleza y espacio y no nos damos cuenta del impacto negativo que tenemos? ¿Cuánto se tienen que acercar los basurales a la ciudad para tomar dimensión de lo que sucede?
Es hora de que los vecinos de la ciudad tomemos las riendas de la gobernanza ambiental de la ciudad. Necesitamos del compromiso y la acción ciudadana en los planes de gobernanza ambiental. Tenemos cientos de problemáticas (sanitarias, ambientales, laborales, urbanas) que necesitamos enfrentar con urgencia. Hoy en día contamos con herramientas legales que nos deberían servir: La Ley Yolanda por ejemplo, convertiría en agentes de cambio a los funcionarios estatales (en este caso hablamos de los municipales), quienes tienen sobre sus hombros una pesada mochila de decisiones a tomar. Tenemos leyes que garantizan el acceso a la información pública ambiental, en donde deberíamos como comunidad respaldarnos para exigir la transparencia de la gestión de Piedra Blanca.
Por otro lado, saliendo de lo legal, necesitamos que profesionales formados en sustentabilidad exijan que las condiciones ambientales y sanitarias del predio mejoren, y con urgencia. Haciendo honor a la tradición de reclamos con bombos y platillos que nos caracteriza como argentinos, necesitamos levantarnos y hacer saber que Córdoba está despierta y que quiere una gobernanza sana, sustentable y transparente. Así y solo así, uniendo esfuerzos, armaremos el rompecabezas verde que nos merecemos, que nuestra tierra se merece. No tenemos más de 9 años para cumplir con las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por lo que pisar fuerte el acelerador es esencial, no hay alternativas posibles en frente.